Mientras la causa judicial por los aportantes truchos la semana pasada pasó por tres juzgados y aún no tiene ninguno definido, la ONG La Alameda, que encabeza Gustavo Vera, presentó un informe que deja en evidencia que empresas cuyos empleados o directivos aparecen como aportantes fueron beneficiadas con contratos del ámbito nacional y porteño por cifras millonarias.

Esta información es realmente relevante ya que deja en claro otro de los entramados: dádivas en forma de contrataciones y hasta la utilización de empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para blanquear aportes que provenían de un origen desconocido. Por ahora el expediente está en manos del juez Ariel Lijo quien tiene que determinar si se queda al mando de la investigación.

De acuerdo al texto de La Alameda, las empresas aportaron una suma de $5.247.215 a la campaña de Mauricio Macri y, esas mismas firmas, entre el 2015 y el 2018 fueron beneficiadas con la adjudicación de contratos por una cifra que asciende a $2.587.446.537.

Branda Osso, una ex empleada de Murata S.A. que ella y once antiguos compañeros de trabajo fueron aportantes. Ella aparece aportando $95.000 para las primarias de agosto de 2015; $30.000 para las generales de octubre de 2015 y $16.500 para la legislativa de octubre del 2017. El dueño de la empresa, Roberto Raglewski, reconoció que entregó la lista de empleados.

La misma situación se da en firmas como Briefing Security, que tiene cuatro ejecutivos aportando y ganó licitaciones por $1.104.794.381; Sistemas Complejos de Seguridad, que se benefició con $11.601.727 teniendo tres trabajadores que aportaron y Miavasa S.A., con cuatro empleados que entregaron dinero a la campaña, ganó una licitación por $55.104.908.

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