La Cámara de Casación Penal obligó a la Cámara de Apelaciones a expedirse sobre la situación procesal de Jorge Castillo. El jueves, tras cinco meses de demora, la Sala III de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora confirmó el procesamiento con prisión preventiva del administrador de Punta Mogote. “Vamos a recurrir la resolución de la Cámara de Apelaciones y a atacar toda su actuación”, sentenció Fernando Solorsa, uno de los abogados de Castillo.

“La noticia hay que tomarla con el antecedente previo de la resolución, que es un verdadero escándalo jurídico. La Cámara de Casación Penal dejó en claro ayer que la Cámara de Apelaciones tuvo más de cinco meses demorada una resolución que tendría que haber salido en agosto”, resaltó Solorsa. Dicha instancia judicial “mantuvo privados de la libertad a 25 personas, incluido Jorge Castillo, en forma ilegítima e innecesaria”, agregó.

El letrado explicó que la Cámara suspendía el plazo que tenía para responder la confirmación de la prisión preventiva o no argumentando que había una nueva detención en la causa: “Mientras hacían los trámites correspondientes cada vez que ingresaba otro detenido, corrían los tiempos. Una demora injustificada que la Cámara de Casación dijo ayer que es absolutamente ilegal”.

“En base a este argumento arbitrario e ilegal, tal como lo calificó Casación, dilataron la resolución por más de cinco meses. De ese recurso dependía la libertad de Jorge Castillo y los demás imputados, y el daño que causaron con esto es irreparable. Por ejemplo, a las personas que ahora les otorgaron la prisión domiciliaria se la deberían haber dado hace cinco meses, por lo cual se las mantuvo privada legítimamente de la libertad. Y a las que se les confirmó la prisión preventiva se las privó de acceder a instancias judiciales superiores para discutir su libertad”, detalló el abogado.

La Cámara de Casación va a dar conocimiento a la Corte Suprema para que tome las medidas correspondientes por la conducta de los camaristas Jorge Tristán Rodríguez y Tomás Bravo, aseguró Fernando Solorsa. “Camaristas que se comportaron de esa forma no tienen entidad para seguir entendiendo en esta causa”. Además, según denunció el propio Jorge Castillo en referencia a dichos funcionarios judiciales, su abogado anterior, Jorge Fiasche, “me ha pedido primero 400 mil dólares para darle a Bravo y un tal ‘El Puma’ para arreglar”.

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