El abogado de Jorge Castillo, César Albarracín, brindó nuevos pormenores sobre el avance de la causa por la que el empresario está detenido hace más de 14 meses, y puntualmente dio detalles sobre las pericias en las cuales se sustenta la defensa. En la entrevista, el abogado patrocinante ratificó las declaraciones que realizó el administrador de Punta Mogote el pasado viernes.

En base al modo en que viene actuando el fiscal, no sólo irregular sino que importa la manipulación y ocultamiento de elementos de prueba, la supresión y pérdida de algunos registros, como pasó con las imágenes del allanamiento en la vivienda de Jorge Castillo y con escuchas comprometedoras para el personal judicial; en base a todo esto comenzamos a trabajar en la reconstrucción privada -ya que la fiscalía no lo hace- de todos los datos objetivos, en una investigación paralela con expertos de Gendarmería, de informática, e incorporamos tres pericias muy muy importantes que demostrarían no sólo las irregularidades cometidas por el fiscal, sino que los hechos por los que está acusado Jorge Castillo no sucedieron de ninguna manera del modo en que se están contando inicialmente“, comenzó el letrado en diálogo con Pasión de Multitudes, por AM 1300 Radio La Salada.

Albarracín contó que ejerció tres años en un cargo de supervisión sobre la estructura del 911, por lo que monitoreó la capacitación y el modo en que los operadores atienden los llamados, en los que deben aplicar una serie de técnicas que se hacen en esos momentos, “sobre todo cuando la persona que llama no puede hablar”, especificó. “Eso es lo que pasaba con la mujer de Jorge (Natalia Luengo); se ve cuando el operador maneja con mucha experiencia la llamada, y de lo que puede captar, no sólo de lo que dice la señora de Jorge sino todo lo que capta de atrás, gritos de la Policía, golpes con una actitud que denota una violencia extrema, de allí sacó una conclusión y le comentó por lo bajo a una supervisora que ‘le están robando la casa’ sin poder determinar si se trataba de ladrones, policías, o qué“, indicó.

En ese sentido, formuló que se trata de “un informe pericial muy importante, que se agrega al otro que ya incorporamos al proceso, que demuestra que la hipótesis del homicidio es muy irracional cuando uno la pensaba y cuando Jorge contaba puntualmente qué había sucedido esa noche. A ninguna persona se le ocurriría recibir a los disparos a una veintena de policías, no entra en la cabeza de ninguna persona con mínima racionalidad“, opinó Albarracín.

De manera que ese ruido inicial que hacía la hipótesis de la Fiscalía, ahora quedó descartado con este informe donde muestra la mecánica del intento de ingreso policial al sector donde estaba Jorge, la ubicación que tenían esos efectivos que intentaban ingresar, y los disparos de advertencia que disparó Jorge Castillo que no se superponen y pasan a una distancia de más de un metro respecto a las personas que estaban del otro lado de la puerta. Así, ese es otro elemento contundente, donde además se señala lo extraño que es la ausencia de las grabaciones de la cámara instalada en ese mismo lugar del hecho“, añadió.

Por otra parte, el abogado comentó que la fiscalía de Quilmes que investiga a Sebastián Scalera “me requirió urgente la entrega del equipo DVR para hacer un análisis pericial y determinar cuándo fueron borradas las imágenes, quién estaba a cargo de la custodia de ese material cuando se borraron, y a partir de ahí avanzar en las irregularidades al igual que las escuchas“.

Es sistemático, primero se perdieron o robaron las escuchas, luego las imágenes que podían comprometer al personal policial del operativo, y ahora descubrimos que se suprimió el audio, se cortó varios tramos, verificada por un perito informático. Un fiscal que suprime pruebas no puede estar a cargo de una investigación“, remarcó.

Al respecto, señaló que cuando le preguntaron al fiscal que estaba a cargo de la audiencia si era posible “que él hubiera cortado, detenido la grabación, hecho un cuarto intermedio, o si hubo un problema técnico“, no obtuvieron ningún tipo de respuesta, “ni en la audiencia ni en un escrito”.

A esta altura estamos con un proceso llamativo, por la cantidad de resoluciones de un juez que han sido revocadas o anuladas por la Cámara. Planteamos no menos de veinte recursos de apelación en distintos incidentes respecto de distintos imputados, y más de la mitad fue revocado por la Cámara. El último fue una denegatoria de libertad de uno de los detenidos que finalmente la cámara resolvió que no había un solo elemento de prueba para que esa detención continúe“, destacó.

Todo esto supone “una señal que la Cámara le está marcando un límite a la actuación de Scalera, al menos de las cosas más burdas y pone en evidencia esta actitud indebida de automática convalidación que asume el Juez de Garantías a todas las posiciones del fiscal. Estuvimos con Leandro Castillo en la audiencia y el imputado se fue desahuciado con el fiscal y el juez porque lo que advirtió como ciudadano es que ninguno de los dos le explicaron por qué tenía que estar detenido, cuál era la prueba que consideraban. Lo mantuvieron en detención dos meses más hasta que finalmente la Cámara revisó y sentenció que no esas condiciones no podía continuar detenido“, sostuvo.

Éstas son las situaciones que nos parecen muy graves para quien sufre la detención y para la familia, estar privado genera consecuencias de la liberta el tiempo que fuera no es agradable para nadie. Y más en un contexto de tamaña injusticia y cuando los fiscales manipulan las pruebas para mantener esa injusticia“, dijo.

En la misma línea, afirmó que “es imposible saber o explicar por qué el Juez de garantías (por Gustavo Gaig) se tomó tres días más para ver si decidía o no la prisión preventiva de Jorge Castillo en ese momento. Esto es insólito, cualquiera sabe que es la primera regla, esencial que saben que tienen que respetar“.

Estas irregularidades no son casuales, no son inocentes, y hablan del trasfondo que venimos denunciando y cada vez más esclarecido y comprobado de intereses y presiones políticas y de actores externos que le marcan permanentemente al juez y al fiscal cómo deben resolver cada cuestión de acuerdo a decisiones que son externas al Poder Judicial. Esto es gravísimo, una barbaridad“, concluyó.

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