Con la nueva reglamentación aprobada por la Cámara de Senadores, el abuso sexual infantil pasa de ser un delito de acción privada a uno de acción pública por lo que ahora esto implica que el Poder Judicial puede iniciar investigaciones de oficio.

Si un ciudadano conoce un caso en el que un niño o niña es víctima de un abuso y hace la denuncia, el Estado está obligado a tomar cartas en el asunto sin tener en cuenta la ratificación de los hechos por parte de los tutores de la criatura.

“Lamentablemente, en el 90 por ciento de los casos el abusador es un familiar varón de la víctima. Consecuencia: se denuncia apenas el 10 por ciento de los casos y se condena menos del 1%. Hoy, la necesidad de que el padre, madre o tutor de la víctima ratifiquen la denuncia, es un obstáculo para que haya justicia”, especificó Carla Carrizo.

La legisladora de Evolución, autora del proyecto, manifestó que “de ahora en más el Estado va a poder actuar de oficio, escuchando y protegiendo a los niños, niñas y adolescentes abusados para que puedan tener una vida libre”. La norma contó con 60 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones.

 

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