El Gobierno limitará y modificará los contratos de personal, bienes y servicios para el Estado a través de universidades públicas, y para ello, ayer la Casa Rosada con uno de los artículos de un megadecreto de reducción de gastos, que determinó que quedarán sin efecto los llamados “convenios de asistencia técnica” con universidades, una modalidad que permitió sumar hasta a 17.000 empleados públicos hacia el final de la gestión de Cristina Kirchner .

La decisión se incluye en el decreto 632/2018, el cual fue publicado en el Boletín Oficial del martes 10 de julio. En su artículo 3º, se indica que “los convenios de servicios de asistencia técnica celebrados entre el Poder Ejecutivo y las universidades nacionales, provinciales o privadas quedarán sin efecto a partir del 1º de enero de 2019“, al tiempo que añade que no se realizarán nuevos contratos bajo esta modalidad.

En la actualidad se mantienen vigentes alrededor de 60 convenios de asistencia técnica en los cuales trabajan 5800 personas que fueron contratadas para los mismos. Según aseguraron desde el Gobierno al diario La Nación, “la mayoría va a quedar en la función pública, pero con otra modalidad de contratación, más estable, y cada área determinará si corresponde o no sostener ese puesto”.

Desde el primer día de 2019, las universidades deberán limitarse entonces a brindar servicios de “consultoría, auditoría, investigación, relevamiento de políticas públicas y capacitación y formación“, y sus contrataciones sólo podrán realizarse desde la plataforma Compr.ar, presentada por el Ministerio de Modernización, donde se espera que haya mayor oferta y por lo tanto se obtengan precios considerables.

Entre los convenios que fueron noticia y que ingresan dentro de las categorías que desde el año próximo estarán prohibidos se encuentran por ejemplo el de la usina de carbón de Río Turbio que terminó con el exministro de Planificación y diputado nacional Julio De Vido en la cárcel (dicho proyecto se financió mediante un acuerdo con la UTN y la Fundación Facultad Regional Santa Cruz), o el financiamiento para la producción de las novelas de Andrea Del Boca, los cuales se realizaron mediante la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).

Fuente: La Nación

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