En el marco de la causa La Salada, Jorge Castillo publicó este domingo en el diario Página 12 una solicitada dirigida a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

CAUSA “LA SALADA”

SEÑORA GOBERNADORA MARÍA EUGENIA VIDAL

La he escuchado en reiteradas ocasiones referirse a mi persona calificándome como  “mafioso”.

La he escuchado en repetidas oportunidades referirse a La Salada como un símbolo de la mafia.

La he escuchado a usted,  y a miembros de su gabinete, hablar de la causa judicial de La Salada como un ejemplo de la lucha del estado argentino contra la corrupción.

Sus dichos han sido públicos. Los ha expresado incluso en actos de gran relevancia institucional.

Creo que sus afirmaciones ameritan una respuesta, también pública, de mi parte.

Yo no debería estar privado de libertad. Mi causa ya no tiene sustento jurídico. En realidad nunca lo tuvo. Mi caso es funcional a intereses de otra naturaleza. Siempre fue así, desde el principio. Un armado político – judicial al que se pretendió disimular bajo un burdo ropaje jurídico.

Las irregularidades que se dan en el marco de esta causa –todas graves- tienen, a esta altura, una sola finalidad. Dilatar los tiempos. Mantenerme encerrado. Que el proceso no avance. Que no quede expuesto que esta causa es una farsa.

Así, mientras la verdad no se sepa, mientras todo se mantenga del modo en que está, yo seguiré siendo un mafioso y usted podrá seguir ganando titulares en los medios cada vez que públicamente se refiere a mi persona con ese calificativo.  

Como le decía, no existen fundamentos de derecho para mantenerme privado de libertad.

Está acreditado que la imputación de tentativa de homicidio se basa en una ficción.

La imputación sobre asociación ilícita es otra acusación absurda, sostenida sobre hechos que además de no ser reales, ni siquiera tiene el carácter de delitos.

Qué les queda a quienes armaron todo esto frente a esta situación ? No mucho. SÓLO HACER PERDURAR LA FARSA EN EL TIEMPO. Y PARA ELLO RECURREN A TODO TIPO DE MANIOBRAS. MUCHAS DE ELLAS ILÍCITAS.

No pretendo, señora Gobernadora, que usted interfiera en la Justicia. Ni en mi favor, ni en mi contra. Eso no corresponde.   

Pero creo que sería bueno que usted conozca el entramado policial- político – judicial que opera para mantener esta ficción, que es la que le permite a usted seguir refiriéndose a mí del modo que públicamente lo hace.

Por ello le dirijo respetuosamente esta carta que, desde ya espero, tenga a bien leer con atención.

Dos son los funcionarios judiciales que tienen la responsabilidad de llevar adelante el proceso en virtud del cual estoy privado de libertad. El Fiscal Sebastián Scalera y el Juez de Garantías Gustavo Gaig.

La actuación lamentable de estos dos funcionarios es la que explica, en gran parte, las injusticias a las que estoy siendo sometido.

Sería muy largo explicar en detalle las relaciones que los unen. Y no puedo aquí extenderme tanto. Además, cualquiera podría pensar que mis afirmaciones no son más que una artimaña defensiva.

Por eso, para evitar cualquier suspicacia, la invito a ver – y le pido que realmente lo haga- el programa Odisea Argentina, conducido por el periodista Carlos Pagni, en su emisión  del día 26 de Junio de 2.017 (https://lnmas.lanacion.com.ar/program/video/3852abd1-5b1a-4f7d-9909-72964b15f2b8)  En ese programa, podrá ver Usted una nota titulada “La Salada y la Matriz de la Corrupción” en la que el periodista Francisco Olivera, apenas cinco días después de ocurrida mi detención, explica en detalle  la forma en la que el Juez de Garantías Gustavo Gaig se hizo cargo de la causa y las relaciones existentes entre este juez, su esposa, la Dra. Florencia Berlock y el Fiscal Sebastián Scalera.

Resulta evidente, señora gobernadora, que el triángulo  funcional que componen estos funcionarios, sumado a las relaciones que los vinculan, lejos están de garantizarme un proceso ajustado a derecho.

La actuación del Fiscal y del Juez de Garantías en esta causa están en abierta oposición con el “deber ser”.

Puedo dar numerosos ejemplos de lo que afirmo:

Un Fiscal tiene por finalidad averiguar la verdad. El fiscal Scalera tiene por finalidad ocultarla.

Un Fiscal tiene el deber de impulsar un proceso hacia su fin. El Fiscal Scalera hace lo posible para obstaculizarlo.

Un Fiscal tiene el deber de producir las pruebas en que basa su acusación. El Fiscal Scalera las frustra.

Un Fiscal tiene el deber de permitir que la defensa controle las pruebas de la causa. El Fiscal Scalera recurre a astucias de toda naturaleza para evitar cualquier tipo control.

Un Fiscal debe ser objetivo. El Fiscal Scalera parece no conocer el significado de ese término.

Las mismas consideraciones  caben respecto del Juez de Garantías

Un Juez de Garantías tiene el deber de controlar la regularidad del proceso. El Juez Gaig trabaja para ocultar y disimular las irregularidades que comete el Fiscal Scalera.

Un Juez de Garantías tiene el deber de asegurar que se respeten los derechos de las personas sometidas a proceso. El Juez Gaig trabaja para asegurar que el Fiscal Scalera pueda pisotear los derechos de las personas sin sufrir consecuencias.

Un Juez de Garantías debe ser el garante del proceso. El Juez Gaig parece no conocer lo que significa la palabra “garante”.

Denuncié y acredité irregularidades de todo tipo y naturaleza que estos funcionarios han cometido en la causa. Privación del derecho de defensa, violación de plazos legales, retardo de justicia, manipulación de testigos, ocultamiento de pruebas, etc.

Pero no es todo. Hay más. Por si faltaba alguna irregularidad, AHORA DESAPARECIERON PRUEBAS. PRUEBAS FUNDAMENTALES DE LA CAUSA. PRUEBAS QUE DEMUESTRAN, DE MANERA IRREFUTABLE, MI INOCENCIA.

Concretamente desaparecieron las escuchas de la causa. Más de 1000 horas de escuchas. Son las escuchas que el Ministro Ritondo distribuía con finalidad de marketing político en los medios a escasas horas de ocurrida mi detención. Son las escuchas que sirven de fundamento para mantenernos hoy privados de libertad a mí y a una docena más de personas. Desaparecieron. Simplemente no están.

Ocho meses de lucha jurídica  para que el Fiscal Scalera accediera a poner a disposición de mi defensa esas escuchas. Ocho meses trabajando para que el Fiscal depusiera su actitud de ocultar estas pruebas. Finalmente, el día viernes 20 de abril de 2018 logramos que nos permitieran acceder a las escuchas. Para sorpresa nuestra, nos entregaron cuarenta y cinco CDS con escuchas todas correspondientes a días “posteriores” a mi detención.

Y las escuchas que sirvieron como prueba  para formular la acusación en mi contra ? No están. Más de 1000 horas de escuchas que simplemente desaparecieron.

Me pregunto si alguna vez existieron o las hicieron desaparecer por que había en ellas información comprometedora ?

Espero que a algún funcionario judicial le parezca el tema lo suficientemente grave como para averiguar qué sucedió. Al Juez de Garantías, fiel a su conducta, no parece importarle demasiado.

Pero hay más. El día jueves 26 de abril se realizó una audiencia en la cual se procedió a abrir el DVR que contenía las imágenes fílmicas correspondientes al día en que allanaron mi domicilio para detenerme. Igual que en el caso anterior, más de ocho meses de lucha y denuncias para exponer las maniobras a las que recurría sistemáticamente el Fiscal Scalera para no mostrar esos registros fílmicos. Cuando al fin iban a ser visualizadas ocurrió lo que lamentablemente ya es una práctica normal en esta causa. Las imágenes del día del allanamiento no están. Falta el disco del DVR que las contenía. Simplemente el disco no está. Desapareció. Resultado, la audiencia frustrada. No se pudieron ver las imágenes. Esas imágenes que muestran el acto de barbarie que cometieron los policías  que allanaron mi domicilio. Esas imágenes que demuestran que no existió el intento de homicidio que me imputan.

CONCLUSIÓN. DOS PRUEBAS FUNDAMENTALES QUE DEMUESTRAN MI INOCENCIA SE PERDIERON. DURANTE OCHO MESES, CON EXCUSAS ABSURDAS, SE NEGARON A MOSTRAR ESAS PRUEBAS. LLEGADO EL MOMENTO DE HACERLO, LAS PRUEBAS NO ESTÁN.

Parece una broma. Pero no lo es. Al contrario, es muy grave. Hacer desaparecer las pruebas de una causa es un delito. Más grave aún es mantener a una persona privada de libertad en virtud de pruebas que no existen.

Mientras tanto, yo continúo privado de libertad. El tiempo pasa y parece que a nadie le importa  lo que está ocurriendo, a pesar que incansablemente lo he venido denunciando.

El Ministro de Justicia de la Provincia, Gustavo Ferrari conoce mi situación. Nada ha hecho aún para poner fin a las gravísimas irregularidades que denuncio. De cualquier modo, no espero nada de él. Pregona un modelo de justicia y en la práctica termina convalidando conductas como las del Fiscal Scalera y el Juez Gaig. Hipocresía pura. Pero hay algo que es innegable, el Ministro no puede decir que no conoce las irregularidades que denuncio.

LA PREGUNTA ES, SEÑORA GOBERNADORA, SI USTED LAS CONOCE.  

En efecto, cuando la escucho hablar de la causa de La Salada se me presentan una y otra vez los mismos interrogantes:

  • Sabrá la Gobernadora Vidal que todo esto es una farsa ?
  • Los asesores de la Gobernadora Vidal le habrán explicado que en esta causa ya no quedan pruebas que la sustenten ?
  • Sabrá la Gobernadora Vidal de los artilugios a los que recurren el Fiscal Scalera y el juez Gaig para que esta causa se mantenga en pie ?
  • Conocerá  la Gobernadora Vidal las maniobras  que realiza el Fiscal Scalera para demorar el proceso y  evitar que la realidad salga a la luz ?
  • Sabrá la Gobernadora Vidal que a esta altura la única finalidad del Fiscal es mantenerme detenido a cualquier costo sólo para evitar el papelón que implicaría reconocer que todo esto fue una farsa desde el principio ?

Dudo que Usted sepa algo de esto. En realidad, quiero creer que nada sabe usted de todo esto. Prefiero pensar así no sólo por el bien mío, sino por la seguridad de cualquiera que pueda pasar por una situación semejante.

No pretendo que no se me investigue. Sólo pido ser sometido a un proceso justo.

No pretendo que no se me someta a un proceso. Sólo aspiro a que no me dejen librado a un proceso arbitrario manipulado por funcionarios inescrupulosos.

No pretendo ningún beneficioso fuera de lo común. Sólo pretendo que me exhiban y me permitan controlar las pruebas en virtud de las cuales me acusan.

Sra. Gobernadora, si me pregunta si creo que obtendré un proceso ajustado a derecho en Lomas de Zamora, desde ya le contesto que estoy seguro que no. He tenido ya sobradas muestras de ello y no veo motivos para que esto cambie.

Derecho de defensa. Debido proceso. Garantías constitucionales. Derecho a la libertad. Acceso a la justicia. Son todos conceptos desconocidos en los tribunales de Lomas de Zamora. O si los conocen, lo han disimulado a la perfección.

En medio de todas estas irregularidades mi lucha sigue. A fondo. Hasta el final. Sin ceder un paso. Hasta que algún funcionario judicial examine mi caso a la luz del derecho. En ese momento, todo saldrá a la luz y las arbitrariedades cometidas por el Fiscal Scalera y el Juez Gaig tendrán su castigo.

Por todo lo expuesto, Sra. Gobernadora, finalmente le digo – a modo de respetuosa sugerencia- que en el futuro, antes de expresar cualquier opinión sobre mi persona, revise la información que le acercan, pues, existe la posibilidad que usted esté equivocada y yo no sea la clase de persona que a usted le han contado que soy. Y existe también la posibilidad que yo no esté equivocado y que la verdadera mafia esté más cerca suyo de lo que usted cree.-

 

        

                                                                                      MUY  ATTE.  JORGE CASTILLO

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