El acuerdo de colaboración que firmaron los empresarios Aldo Roggio y Carlos Wagner con el fiscal Carlos Stornelli, desató una oleada de nuevas detenciones en la causa que involucra a ex funcionarios del kirchnerismo y ejecutivos de empresas por los cuadernos de las anotaciones de Oscar Centeno.

Por orden del juez federal Claudio Bonadio, fueron arrestados este viernes el extitular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Lascurain, y el dueño de Servicios Vertúa, Raúl Vertúa. A quienes todavía buscan son al exdirector ejecutivo del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti, y el exsecretario privado de De Vido, José María Olazagasti.

La ramificación del caso se aceleró tras las declaraciones clave de dos hombres relevantes en el mundo de los negocios en la era kirchnerista. Uno fue Aldo Roggio, que pactó con el fiscal Carlos Stornelli figurar como “imputado colaborador”, lo que deberá homologar Bonadio el próximo lunes.

Asimismo, Luis Betnaza, director institucional del Grupo Techint de Paolo Rocca, aseguró que le pagó un millón de dólares a exfuncionarios de Cristina Fernández para que intercediera ante el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por la expropiación de Sidor.

Por su parte, Raúl Vertúa había ganado la licitación para construir el gasoducto del Noreste, la obra pública más grande del país, que uniría con 1.500 kilómetros de caños el conducto entre Bolivia y Santa Fe. Servicios Vertúa obtuvo el primer tramo en Salta, cobró $ 733 millones, pero abandonó la obra.

Además, uno de los ejecutivos más importantes de Electroingeniería también terminó como “arrepentido”. Se trata de Jorge Guillermo Neira, gerente de esa empresa, una de las más cercanas al poder kirchnerista y relacionada con De Vido. El empresario llegó a un acuerdo con el fiscal Stornelli y con el juez Bonadio y fue liberado.

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