La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, en la causa en la que se investiga la frustrada compra de 10.624 hectáreas en San Luis para la creación de un parque nacional.

Se trata de una causa que data del año 2000, cuando Lombardi estaba a cargo de la Secretaría de Turismo de la Nación durante el gobierno del presidente Fernando De la Rúa, y era a la vez interventor de la Administración de Parques Nacionales (APN). Fuentes vinculadas al funcionario dijeron a Télam que éste desconocía el fallo y destacaron que “en 18 años no fue citado, ni siquiera como testigo”.

También se revocó el sobreseimiento de Marcelo López Alfonsín, presidente del directorio de Parques Nacionales cuando, en 2000, se firmó un boleto de compraventa por esas tierras en el que figuraban como vendedores María Irene y Francisco César Milán, según se supo.

La decisión de revocar los sobreseimientos y devolver el expediente a la Cámara Federal para que prosiga la investigación fue tomada por dos votos, los de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, contra uno, el de Juan Carlos Geminiani, quien afirmó que la desvinculación de López Alfonsin y Lombardi debía confirmarse, rechazando el recurso presentado por el apoderado de Parques Nacionales.

El voto mayoritario repasó que se firmó un compromiso de compra por 2.618.000 dólares, más de la tasación que se había realizado por esos terrenos que el Estado Nacional quería adquirir para la protección de venados y pastizales.

El gobierno desembolsó 825.000 dólares al momento de la firma del boleto de compraventa y luego, debido a una prórroga en los plazos de escrituración, otros 270.000 dólares más un pago de 355.000 de la misma moneda. Sin embargo, la operación no se concretó por problemas presupuestarios.

Hace algo más de una década, el fiscal federal Federico Delgado impulsó la pesquisa por presunto “fraude en perjuicio de la administración pública”. Ahora, los jueces consideraron que aunque la operación no se concretó, los propietarios del terreno se quedaron con el dinero cobrado, lo que habría sido un perjuicio para la administración pública.

Fuente: Télam

Compartir

Dejar respuesta