Según una denuncia realizada ante la justicia federal, el informe de impacto ambiental que habilitó a volar a Flybondi, la compañía aérea low cost, fue firmado por un profesional con matrícula falsa, según publicó el portal Infocielo.

Así lo presentó la abogada ambientalista Claudia Sambro Merlo, quien denunció en los tribunales federales de Comodoro Py la nulidad de los estudios de impacto ambiental realizados por la empresa, Aeropuertos Argentina 2000 y el Ministerio de Transporte de la Nación para avalar los vuelos comerciales de la empresa por haber sido firmados por un licenciado con matrícula “falsificada e inexistente”, Pablo Cesar Durán.

En la presentación judicial, que está a cargo del Juez Federal Ariel Lijo, se cuestionó el permiso obtenido por el supuesto licenciado que firmó los estudios ambientales. “Esta anomalía vicia de nulidad absoluta a los estudios ambientales presentados, los deja sin validez alguna y pone en jaque el levantamiento de la medida cautelar que autorizó los vuelos”, señalaron los denunciantes.

A su vez recordaron que esos “estudios apócrifos fueron utilizados como argumento central para habilitar los vuelos de Flybondi desde la Base Militar de El Palomar, primero en forma parcial por la Jueza Martina Forns el 1 de febrero y luego más tarde en forma total por el Juez Penal Barral el 10 de abril”. Por ese motivo, el juez penal Barral resolvió levantar totalmente la cautelar basándose expresamente en las recomendaciones de Durán.

Según se conoció, Durán es licenciado en Gestión Ambiental y Urbanismo de la Universidad de Lanús y el título carecería de las “incumbencias para la tarea de acuerdo a la Resolución 349/2000 del Ministerio de Educación de la Nación que acredita su carrera”.

Entonces señalaron que “no cursó ninguna materia de impacto sonoro, por ello no tiene absolutamente la idoneidad profesional que es necesaria para poder firmar un estudio ambiental que tiene como eje principal el impacto de la contaminación por ruidos de los aviones”.

En la denuncia se registró que “el mismo profesional reconoció que actuó violando la ley, ya que no presentó su certificado de habilitación profesional en la causa judicial y ni la Jueza Forns ni el Juez Penal Barral cumplieron con el recaudo legal de exigírselo, tal como correspondía que hubieran hecho antes de tomar cualquier decisión”.

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