“Nosotros tuvimos acceso hace ya más de una semana a lo que supuestamente es el borrador oficial. Es una reforma inaceptable que deja convertida en un despojo a la Ley de Trabajo, la vacía de contenido y desaparece el derecho a litigar por el despido sin causa. Va a salir más barato despedir que pagar el salario. Desaparecen hasta las jornadas donde se cobran las horas extra: repite todos los atropellos de la reforma de Brasil”, criticó el Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky, en AM 1300.

“Con buen criterio, ayer la CGT decidió rechazarla y de esta forma hoy estamos asumiendo las tres centrales la misma postura. Es inviable. Ayer vi una estadística de una consultora muy prestigiosa y cercana al oficialismo y hay un altísimo porcentaje de la población que conoce y rechaza la reforma. La asocian a los intereses de los grandes empresarios”, puntualizó en comunicación con el programa ‘Pasión de Multitudes’.

Es que según un informe difundido en las últimas horas por Analogías el 54 por ciento de las personas consultadas creen que los cambios afectarán su trabajo y el 41,5 por ciento cree que la situación laboral empeoró durante el último año y sólo un 19,9 por ciento sostiene que mejoró. A eso se suma que el 50,4 por ciento los vecinos del Gran Buenos Aires cree que el sindicalismo no los defenderá en caso que la reforma los perjudique.

“Hay que buscar una manera de lograr que el 35 por ciento de trabajadores informales dejen de estar en esa condición. El problema es que los países que tienen modelos laborales como este, en donde las leyes no existen, tienen un 20 por ciento de trabajadores formalizados. Me parece que la experiencia concreta demuestra que, si el objetivo es elevar la calidad del empleo, eligieron el camino inverso”, analizó.

Para él, en medio de “una economía que está viviendo una etapa de caída de consumo y actividad” esta reformulación “lo que va a haber es más despidos” ya que el abaratamiento de los litigios “multiplicará” ese factor. “El empresario no tiene ningún costo, son todos beneficios. Es una reforma para el blanqueo de los empresarios. El problema que tiene el Gobierno es que el proyecto lo presentan ellos. Si no lo aprueba el Congreso no se puede anular una Ley por un decreto presidencial”, expresó.

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